Confinamiento, o el arte de no significar nada.

por Javier Padilla.

Hace dos semanas fue el toque de queda. La semana pasada se materializó. Esta semana toca nuevamente el confinamiento domiciliario. La que viene tal vez entremos a definirlo.

La situación actual es una consecución de semanas en las que primero se suelta un concepto (coherente con la espiral de la coerción en la que nos vemos envueltos desde hace tiempo) y a la semana siguiente, si éste ha enganchado bien, se dota de contenido y matices. Sin embargo, tal vez los matices deberían acompañar al lanzamiento del concepto, porque de lo contrario nos exponemos a que se generen expectativas de dureza política que nunca satisfagan, en su materialización, a quienes creen que siempre nos quedamos cortos en la toma de medidas, y se vean obligados a pensar para la semana siguiente una nueva vuelta de tuerca.

Tras el confinamiento decretado el pasado mes de marzo, el término confinamiento comenzó a usarse de forma polisémica, pudiendo describir igualmente una situación de cierre de bares a las 23.00 y otra de prohibición de la movilidad en vía pública salvo justificación expresa. Por ello, tal vez no sea tan interesante discutir acerca de “confinamiento sí” o “confinamiento no” sino responder a la siguiente pregunta: en el caso de ser necesarias medidas más severas, ¿sobre qué población deberían aplicarse y en qué consistirían?

Hay tres aspectos que parecen clave para responder esta pregunta: la delimitación (geográfica y de escala -urbana/rural-) de las medidas, el contenido de las mismas y la capacidad de influencia que otorgamos a las decisiones de los gobiernos a la hora de controlar las dinámicas de transmisión.

Poner barreras.

En marzo el SARS-CoV-2 arrasó, sin que apenas tuviéramos certezas sobre sus mecanismos exactos de transmisión o las estrategias para frenarlo; se tomaron medidas generalizadas en el conjunto de España de confinamiento domiciliario estricto con algunas salvedades relacionadas con actividad laboral. En ese momento parece que podemos convenir que se llegó tarde a Madrid pero se llegó a un momento razonablemente adecuado al resto de España (al menos, razonable en comparación con los efectos observados en otros países).

Ahora, con la capacidad diagnóstica y la mejora en los sistemas de información, que permiten tener conocimiento más adecuado de la evolución de la pandemia en cada territorio del estado español, así como gracias a lo aprendido en relación a la influencia de la densidad de población y el efecto del aire libre y la distancia física, deberíamos exigir que la escalada de las medidas de limitación de la actividad y la movilidad se adecúen a la evolución de cada una de las Comunidades Autónomas.

Aquí sería relevante plantearnos cuál es la unidad territorial sobre la cual actuar para asegurar que no actuamos sobre unidades excesivamente amplias, estableciendo medidas de restricción innecesariamente severas, ni tampoco sobre unidades excesivamente pequeñas como para no poder aislar las interacciones de movilidad y actividad que se producen en el sitio sobre el que se interviene.

Tenemos regiones que están en fase de incremento de los casos, ingresos y fallecimientos, otras en descenso y alguna estancada en un suelo de incidencia que no sabemos si doblegará; las medidas no pueden ser iguales para todas ellas.

Por otro lado, la respuesta político-sanitaria al COVID-19 ha pecado de un exceso de madridcentrismo, en particular, y ciudadcentrismo, en particular. No parece lógico que municipios de baja densidad de población con baja tasa de desplazamientos a otros municipios y con baja incidencia acumulada deban recibir las mismas medidas de limitación de movilidad o de actividad que otros municipios con los que tal vez compartan cierta unidad territorial pero no funcional (en casi todas las provincias de España podemos señalar pueblos poco poblados donde la aplicación de medidas similares a las diseñadas pensando en la capital de dicha provincia no parecen muy de sentido común).

¿Qué encerramos?

En marzo comenzó en España un confinamiento que tuvo a los niños y niñas más de 50 días sin salir de casa, que mantuvo los parques y zonas verdes cerrados, así como los centros educativos.

Ahora sabemos que la transmisión en entornos abiertos, especialmente si se puede mantener la distancia física, es poco probable. También vamos sabiendo que los efectos sobre la salud (especialmente para la población más vulnerable) de un confinamiento domiciliario estricto tampoco son desdeñables.

Por ello, parece que tiene más sentido delimitar hasta dónde llegar cuando demos rienda suelta al fetichismo coercitivo en nombre de la salud pública. Parece que una situación similar a la fase 1 de la desescalada (cierre de actividad no esencial), con centros educativos abiertos (al menos educación infantil, primaria y secundaria) y posibilidad de salir al aire libre a pasear.

Llegar a esa fase 1 modificada debería ser la última opción disponible tras, previamente, haber detenido la actividad de interior (hostelería y trabajo presencial que pueda realizarse a distancia, principalmente), haber enfatizado la necesidad de reducir los contactos sociales de ocio, haber creado las medidas que garantizaran el aseguramiento de prestaciones para quienes van a quedarse sin ingresos por las medidas de parón de la actividad económica y haber garantizado que las labores de cuidados de personas dependientes se van a poder realizar con apoyo desde las instituciones públicas.

Todo aquello que no se pudo hacer en marzo por falta de conocimiento y tiempo no puede volver a negarse en nombre de la improvisación y la falta de tiempo, especialmente porque ahora sí sabemos que existen escalones intermedios que transitar. La manida frase de “solo ha servido el confinamiento estricto” niega la posibilidad de estrategias efectivas intermedias y, además, invisibiliza los efectos negativos de un confinamiento de ese tipo, que son importantes y no solo a nivel económico, sino incluso mayores en el ámbito de la salud.

¿Capaz o no?

Atribuimos a las instituciones públicas una capacidad enorme de acción y de cambiar la trayectoria de las curvas epidemiológicas cuando, en el mejor de los casos, tal vez lo único que puedan hacer sea bajar el techo y el suelo de las distribuciones de casos, mientras garantizan que lo-que-hay-que-hacer (detectar, estudiar contactos, atender a los casos, hacer seguimiento, proveer cuidados,…) se haga.

Los aumentos de incidencia de Aragón y Cataluña en verano, o la de Madrid en septiembre-octubre no se doblegaron gracias a confinamientos domiciliarios estrictos, sino a una suma de factores a los que no sabemos qué peso atribuir porque ignoramos buena parte de lo que ocurre y gran parte de lo que ocurre gracias a lo que hacemos desde las instituciones. Un ejemplo claro es lo de Madrid; una incidencia acumulada en los 14 días previos que llegó a superar los 1800 casos/100.000 habitantes en algunas zonas básicas de salud y que comenzó a descender antes de que se aplicara ninguna medida de confinamiento perimetral o de disminución de actividad. Es importante exigir responsabilidad y cuidados por parte de las instituciones, pero no podemos tener fe ciega en su capacidad para frenar por completo dinámicas epidémicas que exceden lo local.

Ni modelos matemáticos de predicción nos van a decir lo que va a pasar con exactitud, ni los gobiernos nos van a librar por completo de que pase. A los primeros, más que acierto deberíamos exigirles capacidad explicativa para que los segundos puedan tomar decisiones que ayuden a aminorar la carga de lo que nos espera. Mientras tanto, hay unos terceros, que son los ciudadanos y ciudadanas, que han de tratar, en el marco de sus condiciones de vida, de seguir las medidas de seguridad que permitan que sus acciones sirvan para cuidar de sí mismos y de los demás.

Si la única medida que las instituciones piensan que sirve para algo es la de limitar por completo cualquier grado de interacción social, actividad económica y libertad individual, entonces es que será porque la única forma de ganar algo de agencia, por parte de los gobiernos, es eliminar la de la población a la que gobiernan. Necesitamos un cambio de marco, centrado en lo que afirma el Observatorio de Salud Comunitaria y COVID-19 en su reciente manifiesto:

“Otro enfoque para el abordaje de la pandemia es posible, un enfoque centrado en la salud comunitaria y el empoderamiento y la participación activa de los ciudadanos. Un enfoque que disminuiría contagios y aplanaría la curva. Reivindicamos que se tengan en cuenta las condiciones de vida, el papel de la comunidad para aplanar la curva, la reorientación del sistema sanitario hacia la atención primaria, el reforzamiento de la salud pública. Ha de cambiarse la narrativa hacia la promoción de la salud evitando señalar, culpabilizar y estigmatizar. El presente manifiesto hace propuestas concretas para hacer todo ello posible.”

Observatorio de Salud Comunitaria y COVID-19