Sanidad universal: lo queremos todo.

Recientemente, el Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta el “Anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del sistema nacional de salud”. En dicho documento se explicita la intención de desarrollar un documento legislativo en el que introducir ciertas reformas en el sistema sanitario, incluyendo una nueva modificación de los aspectos relacionados con la cobertura del Sistema Nacional de Salud y las formas de obtención del derecho al mismo de una manera universal.

La tragedia como problema crónico.

Desde el Real Decreto ley 16/2012, aderezado con términos como “medidas urgentes” y “garantizar la sostenibilidad”, la universalidad de nuestro sistema sanitario quedó suprimida. El concepto de “asegurado” volvió a ocupar la centralidad y el derecho a la asistencia dejó de ser la opción por defecto, para pasar a ser algo que conquistar, suponiendo una barrera especialmente importante para las personas que siempre tienen que estar conquistando cada paso de sus vidas: la población migrante en situación de irregularidad documental.

Tras años de movilización de colectivos ciudadanos y profesionales, en el año 2018 se aprobó el Real Decreto ley 7/2018, que lejos de suponer una solución a lo perpetrado con el RDL16/2012, ayudó a cronificar y dar estabilidad a un modelo de acceso a la asistencia sanitaria parcial, excluyente y generador de inequidades. El RDL 7/2018 tenía un preámbulo ilusionante pero un desarrollo  que contradice su supuesta voluntad de universalidad generando un sistema de requisitos y exclusiones, y lejos de combatir la exclusión la ha hecho más invisible, más burocratizada y especializada. Desde su aprobación se

continúa excluyendo a muchas personas, especialmente a aquellas que no pueden probar llevar más de 90 días en territorio español -aunque residan o tengan voluntad de residir aquí-, a personas con permiso de residencia que están excluidas por tecnicismos dudosamente legales, e incluso a quienes vienen en régimen de reagrupación familiar. En este último caso, no sólo se continúa excluyendo a personas con residencia legal sino que se hace en contra del criterio de más de 80 sentencias judiciales que les han otorgado tarjeta sanitaria, usado el dinero de la Seguridad Social para seguir recurriendo los juicios. La exclusión sanitaria ha afectado además a mujeres embarazadas, menores e incluso solicitantes de asilo, todas ellas protegidas por legislación internacional. La redacción del RD 7/2018 introduce tanta inconcreción que en el marco de cada Comunidad Autónoma han surgido diferentes interpretaciones y caprichos burocráticos que cambian casi por cada centro de salud u hospital, y de los que nadie se responsabiliza. El RDL 7/2018, si bien sobre el papel parecía un pasito adelante respecto al RDL 16/2012, en la práctica ha supuesto una cronificación de la exclusión y una creación de nuevos problemas en muchas circunstancias en las que apenas existían antes. No sólo no contrarresta y desmonta los discursos racistas a los que el decreto del PP dio alas, sino que bebe de ellos. 

Esta situación, la perpetrada por el RDL 16/2012 y perpetuada por el RDL 7/2018, es peligrosa, injusta, ineficiente y excluyente, tanto en términos individuales como colectivos; esta importancia capital de lo colectivo como elemento central con el que pensar los modelos de cobertura sanitaria se ha puesto claramente de manifiesto en el marco del COVID-19, donde la salud de unx depende de la salud del grupo, y viceversa.

Hacia dónde avanzar.

La redacción de este nuevo proyecto de ley plantea la necesidad de enfrentarse a un nuevo dilema: parchear o blindar; es decir, realizar algunas mejoras más o menos menores en el RD 7/2018 (el vigente en la actualidad) para intentar mejorar la situación de embarazadas, menores y reagrupadas, o plantear la necesidad de una reforma de mayor calado.

Regular el acceso a la asistencia sanitaria de las personas migrantes indocumentadas estableciendo diferentes grupos y subgrupos de derecho a asistencia con excepcionalidades y supuestos no parece la mejor forma de acometer una de las tareas más importantes a las que se enfrenta el actual gobierno en una legislatura marcada por una pandemia: garantizar que toda persona residente en España tendrá derecho a la asistencia sanitaria y que, además, el Estado se encargará de que se garantice la traducción de ese derecho en un acceso efectivo y equitativo.

Es el momento de exigir unos máximos que eliminen la categorización en “personas con derecho a la asistencia sanitaria”, “personas a las que puntualmente también se dará asistencia” y “personas sin derecho a la atención sanitaria”. Es el momento de desterrar la política de supuestos tan fácil de revertir y que con tanta sencillez genera puntos ciegos a la norma y barreras en el acceso que, en muchas ocasiones, son difícilmente perceptibles a la hora de redactar la norma.

Más allá de la sanidad universal.

La pandemia, como ejemplo de crisis matrioshka, donde una crisis alberga otras crisis (sanitaria, económica, de cuidados, ecológica), ha de servir para reivindicar la universalidad de las políticas públicas y la transformación de la petición de una cobertura sanitaria universal más o menos solvente, en una cobertura universal en salud verdaderamente digna, que utilice el marco de determinantes sociales de salud como el lugar desde el que conformar el derecho a la salud post-pandémico y que entienda que la universalidad de las políticas en materia de salud tiene beneficios no solo para las personas que se benefician de ellas sino, sobre todo, para las sociedades que las desarrollan y albergan.