10 cosas que hacer con un ministerio que no sirve para nada.

por Javier Padilla

En las últimas horas las filtraciones que nadie ha hecho y los documentos publicados que nadie ha modificado sobre el las negociaciones (ya fallidas) para el gobierno de España han hecho que el Ministerio de Sanidad (+/- Consumo +/- Políticas Sociales) haya vuelto a salir a la primera línea del debate político.

En estas horas hemos podido ver cómo el mantra de «el Ministerio de Sanidad no sirve para nada porque las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas» ha calado en ámbitos de todo tipo, incluso en gente que realmente cree que sabe de lo que está hablando (aunque a lo mejor no tanto). Sin embargo, como ya demostró Ana Mato en el año 2012, que el Ministerio de Sanidad no mueva mucho presupuesto no quiere decir que no tenga competencias ni capacidad para influir en la vida de las personas y en su salud. Y si no lo creen, que le pregunten a las más de 700.000 personas que de un día para otro dejaron de tener derecho a la asistencia sanitaria gracias a un Real Decreto impulsado desde el Ministerio de Sanidad.

Para intentar alumbrar un poco la importancia de este ministerio, vamos a poner a continuación 10 medidas (simplemente 10, podrían ser muchas más) que se podrían hacer desde el Ministerio de Sanidad y que debería interesar a un gobierno de izquierdas (o como lo queramos llamar) tener la capacidad de poner en marcha (para detalle sobre las competencias del Ministerio, este hilo de Adrián):

1. Regulación de la cobertura sanitaria: sanidad universal, perodeverdad.

«El Ministerio de Sanidad está vacío de competencias» pero de un día para otro tiene la capacidad de dejar sin cobertura sanitaria a cientos de miles de personas. Desde que en el año 1986 la Ley General de Sanidad comenzó una expansión más acelerada del derecho a asistencia sanitaria, culminándose en las disposiciones adicionales de la Ley General de Salud Pública, en el año 2011, los diferentes Ministerios de Sanidad han tenido un papel fundamental en el impulso de la regulación necesaria para expandir dicha cobertura sanitaria.

Tras los pasos atrás dados por el gobierno en cuyo Ministerio de Sanidad estuvo Ana Mato, el último gobierno sacó un Real Decreto que presumía de recuperar la cobertura sanitaria universal pero que en realidad ha seguido suponiendo barreras al acceso de mucha población, especialmente migrante en situación de irregularidad documental. Avanzar en la recuperación de la cobertura sanitaria como derecho de residencia, ajustarlo a los marcos europeos y tratar de comenzar a pensar la universalidad en el marco de los determinantes sociales de salud es una competencia del Ministerio de Sanidad.

2. Impulso de la regulación legislativa de la eutanasia y de la norma para su aplicación.

En la anterior legislatura se votó hasta en 4 ocasiones la tramitación de una propuesta de ley para regular la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en España o, al menos, para despenalizarlo. Al final se aprobó tramitar tanto la propuesta del PSOE como una aprobada en el Parlament de la Generalitat de Catalunya. Los bloqueos de la mesa del congreso y la falta de tiempos hicieron que esto no pudiera ir hacia delante, pero es de esperar que con mayoría en la mesa y con un gobierno fvorable a ello la regulación de la eutanasia sea una de las tareas más importantes que se puedan impulsar desde el próximo Ministerio de Sanidad, no solo a nivel legislaivo (para ello ya hay muchas propuestas buenas), sino sobre todo una vez aprobado, a la hora de desarrollar la normativa necesaria, los comités de garantías y evaluación y la divulgación de la ley, así como la supervisión de las condiciones de efectividad y equidad en los territorios.

3. Inclusión de la Atención Temprana en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Una de las labores fundamentales del Ministerio de Sanidad es la de coordinar y fomentar la cohesión de los diferentes servicios regionales de salud, dentro de un marco de amplia descentralización. En el caso de la Atención Temprana (la que trata de abordar de forma precoz los retrasos del desarrollo en la población pediátrica para, de este modo, poder asegurar que los niños y niñas maximizan sus capacidades dentro de las posibilidades de cada uno), las diferencias regionales existentes, así como la manifiesta insuficiencia general incluso en las regiones que más importancia le han dado, hacen que algo que tiene una barrera temporal muy clara y cuya aplicación precoz es una necesidad, acumule listas de espera eternas, además de dejar desatendidos a muchos pacientes una vez llegan al límite de edad establecido.

Incorporar esto a la Cartera Básica de Servicios y trabajar conjuntamente con las Comunidades Autónomas para que el desarrollo de la Atención Temprana sea una prioridad para cada una de ellas es tan urgente como necesario, y hasta ahora no ha ocupado el papel que merece en la agenda política de los ministerios sucesivos.

4. Medidas de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas en torno a los costes de la I+D+i y la fijación de precios de medicamentos.

Las competencias en materia de política farmacéutica son amplias y, además, críticas en este momento y en los próximos años. Subirse al barco de la resolución de la OMS en materia de transparencia de medicamentos y tratar de llevarla un paso más allá, estableciendo mecanismos de trazabilidad y transparencia en materia de investigación y desarrollo de medicamentos nos daría herramientas para poder mejorar el procedimiento de fijación de precios y hacer frente a la escalada de los mismos.

Además, el campo de la innovación biomédica y su intersección con los desabastecimientos de medicamentos (es el mercado, amigo), plantea otros campos de acción como podría ser el desarrollo del marco normativo (y, si hay músculo presupuestario, echarlo a andar) para la creación de una empresa farmacéutica de titularidad pública que aúne y coordine los esfuerzos en I+D+i desde la investigación más básica, integre centros de investigación sanitaria pública y facilite el desarrollo clínico y la comercialización de medicamentos. Esto es, una empresa farmacéutica pública que no se limite a fabricar los medicamentos que ya no le son rentables a la industria farmacéutica privada (esto es, que no se quede con los «activos tóxicos», cual banco malo) sino que abra sus objetivos a la totalidad de las acciones de dicho tipo de industrias. Lo idóneo sería funcionar con este tipo de iniciativas a escala europea, y eso también es algo impulsable desde los gobiernos nacionales.

5. Derogación de la Ley 15/97 (la de nuevas formas de gestión del SNS) y redacción de una Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud.

La decisión de privatizar la gestión de un centro sanitario depende de las Comunidades Autónomas, pero esta decisión se ve amparada por una ley del año 97 que abrió la puerta a las «innovaciones» (recordad, lo nuevo siempre es mejor) en materia de gestión, en tiempos en los que, como ahora, innovación significaba privado. esta ley se aprobó con el beneplácito de todos los partidos del Congreso de los Diputados salvo IU y BNG.

A día de hoy, al menos en época de campaña electoral, parece que el PSOE -y no solo Unidas Podemos- hablan de derogar esta ley; el problema es que derogar no genera nuevas y mejoresleyes por sí solo, sino que es necesario crear un nuevo escenario para la gestión pública, tarea que debería ser liderada por un Ministerio de Sanidad con ganas de hacerlo.

6. Incorporar a la Cartera Básica de Servicios del SNS prestaciones tales como la salud bucodental.

Muchos partidos han llevado en sus programas electorales autonómicos la inclusión de la salud bucodental en sus servicios de salud. Regularlo a nivel nacional mediante su inclusión en la Cartera Básica de Servicios sería una medida importante y fuertemente promotora de equidad dentro de la prestación de servicios del sistema.

Coordinar y dar apoyo a las Comunidades Autónomas que quieran comenzar a realizar la práctica de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo dentro de los proveedores públicos de salud (y no a cargo de clínicas privadas como hasta ahora) también sería otra experiencia innovadora y de progreso.

7. Creación de un Instituto de Salud Pública y Políticas de salud con la doble tarea formativa y generadora de evidencias para su desarrollo en las políticas de salud.

Tenemos la Escuela Nacional de Sanidad a la que en vez de dejar morir presupuestariamente tal vez habría que relanzar como lugar de generación de evidencias en materia de políticas públicas de salud con una posición de privilegio a la hora de hacer incidencia política para que los hallazgos de las investigaciones en materia de salud pública se vieran reflejados con rapidez rigor en las políticas que se desarrollen.

A la hora de desarrollar este tipo de instituciones hay que tener el pudor democrático de no convertirlos en laboratorios de ideas del partido del gobierno, como en algunas ocasiones ha ocurrido con la Escuela Andaluza de Salud Pública en Andalucía y su uso de aparato de legitimación académica de leyes impulsadas desde el gobierno andaluz, pero a pesar de esto parece claro que no se puede dejar la formación de cuadros salubristas y de gestión en manos de escuelas de negocio cuya orientación de las políticas públicas es claramente diferente.

8. Dar participación a sociedades científicas, grupos de pacientes y organizaciones ciudadanas siempre que su financiación sea independiente de la industria farmacéutica.

Recientemente, los conflictos de interés en el ámbito sanitario han vuelto a aparecer en la prensa y el debate público al publicarse que muchxs médicxs pertenecientes a cargos de responsabilidad en instituciones públicas o en sociedades científicas relacionadas con las vacunas han cobrado decenas de miles de euros en los últimos años en concepto de «honorarios». Esto, que no es un fallo del sistema sino el sistema en su máximo esplendor, ha de combatirse también desde las instituciones públicas; una de las vías propuestas podría ser la de dar cabida a las aspiraciones de las sociedades científicas de participar en la elaboración de materiales tales como los Informes de Posicionamiento Terapéutico o en las decisiones en materia de financiación de prestaciones sanitarias, aceptándose solo a aquellos organismos (profesionales, de pacientes o ciudadanos) que sean independientes de las diferentes industrias relacionadas con la salud.

Vehiculizar las ambiciones de incidencia política y participación vinculándolas a la independencia por parte de los diferentes colectivos implicados sería una forma de abrir una grieta en el modelo actual, que hace del conflicto de interés la manera en la que se relacionan la generación de conocimiento, la explotación comercial de los medicamentos y la toma de decisiones en el ámbito de lo público.

9. En colaboración con el resto de ministerios implicados, integrar al funcionariado en el régimen general y acabar con la sanidad de dos velocidades (MUFACE-MUGEJU, ISFAS).

España sigue teniendo una cobertura sanitaria de varias velocidades. Por un lado está la población general, que cotiza al régimen general de la seguridad social y que recibe asistencia sanitaria por parte de sistema público de salud, mientras que un grupo de población (funcionarios, jueces, militares) tienen la posibilidad de elegir entre acudir al proveedor público o que, con dinero público, se les pague la asistencia mediante proveedores de la sanidad privada.

En aras de la mal encumbrada «libertad de elección»hay un grupo de población para la cual la atención primaria juega un papel prácticamente inexistente, con acceso directo al subespecialista y con un control sobre la prescripción de medicamentos y el gasto farmacéutico cuanto menos deficiente y opaco (Tribunal de Cuentas dixit), además de tener codiciones especiales de copago y prestaciones no incluidas en la sanidad del resto de la población (gafas o material ortoprotésico).

A día de hoy no parece tener sentido mantener esto que es vivido como un privilegio pero que dudosamente aporta valor añadido a la salud de quienes disponen de ello y además supone una sustracción de poder presupuestario para los servicios públicos de salud. El Ministerio de Sanidad debería implicarse a este nivel y hacerlo por la vía de redefinir el concepto de universalidad, no solo como aquel que dota de cobertura sanitaria como derecho de ciudadanía, sino también como aquel conceptoo que hace que toda esa población sea cobijada por el mismo sistema público de salud.

10. Coordinadamente con el Ministerio de Hacienda (pero con liderazgo del de sanidad), desarrollo de una batería de medidas en el ámbito de la fiscalidad saludable.

Cataluña comenzó una senda ya abierta hace años por países como México, regiones de Francia o EEUU, Holanda,…, implantando un impuesto a las bebidas azucaradas. Este impuesto se debería encuadrar dentro de un marco más global de fiscalidad saludable que conciba los impuestos como un activo en salud; esto es, se puede mejorar la salud de la población y la equidad en salud por medio de los impuestos ligados a los consumos poco saludables, y esto es algo que no se puede ni se debe seguir postergando.

Implantar un nuevo impuesto específico a las bebidas azucaradas, otro a los juegos de azar (a su consumo, no a los premios), incrementar los ya existentes sobre alcohol o tabaco, y acompañar estas medidas de otras no fiscales que caminen hacia el mismo sentido (incentivos económicos para alimentos saludables, prohibición de fumar en terrazas y marquesinas de autobús,…)

Además de todo esto hay muchas bolas extras, de las cuales podríamos destacar el desarrollo de lo aprobado en el año 2011 bajo el nombre de Ley General de Salud Pública, y despreciado por los siguientes gobiernos. Cumplir lo que pone en las leyes ya aprobadas no parece ser el mayor atractivo para asumir un ministerio, pero en muchas ocasiones es lo más útil y necesario, dado que incluye a múltiples ámbitos como los sistemas de información, la evaluación de tecnologías sanitarias, la evaluación de impacto en salud,…