La infancia como manual de salud pública.

por Javier Padilla.

Después de más de 40 días de confinamiento sucedió. Después de más de 40 días en los que no se había visto a un niño por la calle, se abrieron las puertas y salieron. La gran mayoría de las familias cumplieron las normas, unas pocas no, algunas fotos se viralizaron, unos se ofendieron por una cosa y los otros se ofendieron por que los primeros se ofendieran. Todo en orden.

Más allá de todo esto, lo ocurrido durante este fin de semana con la chavalería nos sirve como pequeña lección de salud pública

Desprecio e incertidumbre.

Una de las características de la construcción del discurso público (político y mediático) en la epidemia de COVID-19 ha sido la singularización de los extremos de la vida. La infancia fue situada en una suerte de condición de bomba microbiológica contra la que llevar a cabo medidas para protegernos a los demás. Las personas mayores recibieron nuestra externalización del miedo, enfatizando que esto era una cosa que mataba a los mayores, como si eso liberara de riesgos a quienes nos situamos en una franja media de edad.

En el caso de niños y niñas, se evidenció desde el principio que era mucho más fácil frenar todo lo que tuviera que ver con los cuidados que aquello relacionado con la producción, lo cual puede considerarse normal en la fase inicial de shock sanitario y político, pero poco justificable pasadas unas semanas. Esto no quiere decir que los niños y las niñas hubieran tenido que salir antes, tampoco quiere decir lo contrario. Simplemente es muestra de que la infancia solo es pensada como sujeto de derecho a través de sus progenitores o tutores legales, hecho evidenciado en su máxim a crudeza por quien pensó que era una buena idea que sus primeras salidas a la calle fueran para hacer cosas de mayores (comprar o ir al banco); los niños y niñas yendo a donde van los mayores, no al revés.

Sabemos que los niños y niñas se contagian y contagian. Sabemos que distan mucho de ser bombas microbiológicas. Van saliendo estudios de nuestro entorno (Islandia, Holanda) que parecen decir que no juegan un papel protagónico en la diseminación y contagio de la infección -especialmente en situaciones de cierre de la actividad escolar-, no más que otros grupos etarios. Entonces, ¿por qué esa especie de ensañamiento salubrista? La respuesta, probablemente, está más allá de la epidemia, y responde a un país en el que la infancia ostenta una condición de pre-ciudadanía que solo logra desarrollar su potencialidad cuando se ciudadaniza, no antes, y hasta entonces no ha lugar a otorgarle un papel relevante.

John Rawls, en su Teoría de la justicia enumera los principios bajo los cuales una sociedad podría ser justa; uno de ellos es el denominado principio de diferencia, que considera que la existencia de una desigualdad es aceptable socialmente si favorece a las personas sistemáticamente más desfavorecidas. Abrir la mano con la infancia, tras más de 40 días de confinamiento, supone generar una desigualdad que favorece a un grupo habitualmente vulnerado. Las medidas de atenuación del confinamiento serán asimétricas, y así deben serlo, porque es de justicia ir abriendo la mano con quienes más lo necesitan, en un marco de cuidados colectivos, para que todos vayamos, poco a poco, saliendo y encontrando esa nueva normalidad.

Cumplimiento e incumplimiento.

Otro de los aspectos interesantes con respecto a lo ocurrido en las últimas horas tiene que ver con el imaginario colectivo en torno al cumplimiento de las medidas de confinamiento establecidas. Si las entendemos como medidas de salud pública, debemos contar con que el cumplimiento de las medidas nunca será perfecto y que la relevancia de los incumplimientos radica en su capacidad para impactar en la salud poblacional, no tanto en la necesidad de llegar al 100%. Sin embargo, si concebimos las medidas como elementos de orden público, entonces los incumplimientos son vistos más como vulneraciones en el ámbito de lo moral (incluso de lo legal) y no tanto de lo salubrista.

Salud pública y orden público se han visto especialmente relacionados en estas últimas semanas, pero sus elementos de juicio son diferentes, aunque en ocasiones utilicen las mismas herramientas.

Si vamos a seguir caminando juntos hacia el desconfinamiento deberíamos partir de unos principios comunes que nos ayuden a ver esto con una perspectiva más cercana a las ciencias sociales y menos pegadas a la policía balconesca:

• Siempre habrá gente que incumpla las medidas impuestas, lo importante es analizar si es relevante en términos de salud pública y si esos free-riders (personas que actúan por libre beneficiándose del comportamiento riguroso del resto de la población) son siempre las mismas personas o los mismos grupos de población.
• Dentro de la labor de las instituciones se encuentra el dotar de legitimidad a las medidas impuestas garantizando su cumplimiento generalizado. Intentar transformar la opinión pública del “eh, mira, gente haciendo XXXX” al “la mayoría de la gente está cumpliendo, y he de ser parte de esa mayoría”.
• En los próximos meses vamos a tener episodios de aumento de casos, y ello no tendrá necesariamente por qué ser muestra de un error de los servicios de salud pública o de la población, sino la lógica dinámica de una epidemia ante la cual no tenemos elementos definitivos de erradicación y que interaccionará con el resto de políticas y medidas relacionadas con la socialización y la actividad económica.
• Todos creemos que nos confinamos mejor que el resto. Sin duda. Y nuestras excepciones siempre están más justificadas que las del vecino de enfrente. Intentar tener presente este sesgo puede ser una medida para tratar de relajar el tono policía-wannabe. 

Esto no es una legitimación de la conducta transgresora de la normativa vigente, sino una llamada de atención para intentar salir de la dinámica de magnificación de la acción aberrante, sabiendo que es algo con lo que se cuenta desde una mirada de salud pública y  para cuya corrección será necesario que las medidas diseñadas sean lo más cuidadosas posibles.

El individuo y su población.

La existencia de comportamientos contrarios a la norma puede resultar moralmente reprobable a la par que insignificante desde el punto de vista de salud pública. Dicho de otra forma, los efectos del comportamiento de los individuos no tienen porqué ser iguales que los efectos del comportamiento de las poblaciones en las que están esos individuos.

En el seno de una epidemia y desde una perspectiva de control de la expansión y el contagio en una situación como en la que nos encontramos, la mirada relevante es la que mira a las poblaciones. Mientras las redes sociales y los telediarios se llenaban de vídeos mostrando transgresiones del estado de alarma o de cifras de cientos de miles de denuncias policiales (que se asimilan, de forma inmediata, a transgresiones del estado de alarma y no a las otras transgresiones de-las-que-no-hablaremos-ahora), los datos de movilidad mostraban que en ningún país del mundo se había llevado a cabo un confinamiento tan duro como en España. El comportamiento de muchas personas individuales no ha tenido nada que ver con el comportamiento de las comunidades y poblaciones en las que viven.

La clave es determinar qué grado de comportamientos individuales indeseables puede suponer un borrón relevante en ese comportamiento colectivo. De la misma manera que en materia de vacunación existe un porcentaje de cobertura vacunal por encima del cual hay inmunidad de grupo que protege incluso a los free-riders (voluntarios o involuntarios), la adecuación a las recomendaciones de salud pública construye una especie de inmunidad de grupo frente a los nuevos repuntes, una protección que no se guía por anticuerpos sino por el respeto colectivo a las normas que nos benefician a todas.

La escasez de los espacios públicos.

En estos días, diferentes ciudades están empezando a tomar medidas para ampliar las partes caminables de las ciudades, de modo que las personas puedan mantener la distancia física deseable en la fase de atenuación de las medidas de confinamiento. Lejos de ser esto una medida neutra políticamente, ataca de forma directa a la conformación de las ciudades. Tras décadas de construcción de las ciudades como lugares donde internalizar la vivencia diaria (los bloques de pisos en los que el espacio común lo es al mismo momento que es excluyente de quienes viven fuera) y mercantilizar lo común (no hay espacio público donde estar sin consumir)  ha sido la tendencia universal, ahora nos sorprendemos porque al salir toda la gente a la vez a la calle nos encontramos con situaciones de compromiso de espacio.

Cuando hablamos de que la epidemia de COVID-19 hace una alusión directa a la manera en la que nos relacionamos con los demás y con nuestro entorno, uno de esos entornos es el de los espacios públicos que solo existen como vehículo para el consumo y por ello son inexistentes cuando este consumo está amputado por las condiciones actuales. El ojo del huracán epidémico tal vez no sea el mejor momento para cambiar todo esto, pero el momento inmediatamente después será la primera oportunidad para que sea una parte de la agenda política de transformación tan prioritaria como el derecho a la vivienda.

Los nuevos derechos de la era post-COVID parecen bastante básicos.

Respirar, habitar, caminar.