Cayetano y la plusvalía epidemiológica.

Las calles de Núñez de Balboa llevan unos días congregando a más personas de las legalmente permitidas reclamando una interpretación muy sui generis del concepto “libertad”. Lo hacen en una situación de confinamiento, en la comunidad autónoma que ha sido una de las más afectadas del mundo por una pandemia que lleva más de 27.000 víctimas en España.

Salen a la calle reclamando libertad, pero una libertad muy concreta, que contrapone la actividad económica a la salud pública, en la misma línea de los empresarios que lamentan que la actividad productiva se pare por culpa de unas cuantas personas mayores pertenecientes al grupo de la población no productiva. Desde esta perspectiva, una situación de confinamiento por motivos de salud pública -especialmente para la protección de las personas mayores y otra población clínicamente vulnerable-, supone un parón en sus dinámicas habituales de ejercicio de poder; un poder ejercido sobre quienes, en situación de normalidad de la actividad económica, resultan más golpeados por la epidemia (Fuencarral y Puente de Vallecas son los distritos con mayor número de casos en Madrid, y tenemos múltiples ejemplos de ciudades cuyos mapas de casos son una cartografía de la desigualdad).

A la relación entre economía y salud, siempre complicada y con un corto y largo plazo que han de ser compatibilizados, se une un eje de análisis que hace que todo explote: quienes soportan las cargas del contagio en una economía más abierta son quienes están siempre en el lado más desfavorecido de la desigualdad social, y al mismo tiempo son quienes soportarán los mayores daños sobre la salud a medio-largo plazo si aumenta el desempleo y el Estado falla a la hora de protegerlos.

Es decir, las cargas de esa ganancia de libertad para recuperar la actividad económica no van a recaer sobre las mismas personas sobre las que recaerán los beneficios (y que son quienes reclaman la apertura en nombre de la libertad); es una libertad que olvida que ésta no existe si no es en base al cuidado colectivo, y que su preservación solo se garantiza en un contexto de inter-preservación de la misma. La libertad de hacer lo que quieras sin importarte el efecto sobre los demás no es libertad, es individualismo y, en la situación actual de emergencia de salud pública, es egoísmo.

En cierto modo, esta conducta de apropiación de las mejoras colectivas en relación al manejo de la epidemia tiene un correlato económico; la misma plusvalía de la que se apropia el empresario en la actividad económica es aquella de la que se apropian estos manifestantes en estos días. Una plusvalía epidemiológica que permite que mientras los demás seguimos con las limitaciones de movilidad y salida de casa decretadas por el gobierno, unos cuantos salgan, a lomos de todos los ejes de desigualdad que podamos imaginar, a reclamar una libertad que no es sino individualismo. Mientras las personas con vidas precarias y dificultad para llegar a mediados de mes han contribuido a la protección colectiva y la disminución de la circulación del virus, quienes menos han soportado las cargas de estas medidas de confinamiento protagonizan ahora una caricatura de revuelta gracias a la situación conquistada por el resto.

Ahora son élites extractivas en lo pandémico; siempre han sido élites extractivas en los económico y también lo han sido en lo epidemiológico, porque su buena salud se ha construido a lomos de la mala salud de las clases sociales bajas.

Del mismo modo que se habla de la secesión de los ricos en términos de desigualdad social, podemos afirmar que existe una secesión de las clases altas en temas de salud; más allá de la renta, acumulan las instalaciones deportivas, las zonas verdes, los establecimientos de alimentación saludable y, sobre todo, acumulan el tiempo para poder utilizar todo eso. Las clases altas ya decidieron hace mucho tiempo que el distanciamiento social era su estrategia para mejorar su salud, su bienestar, su vida, y ahora que les es impuesto es cuando se rebelan, cuando este distanciamiento social, entendido como de rentas, se convierte en un distanciamiento físico que impide que sigan manteniendo sus dinámicas de extracción de la fuerza de trabajo de aquellas personas a las que la situación actual confina en sus casas.

Ahora es el turno del Estado para hacer que esa secesión de los ricos no logre que la salud de los pobres se vea más dañada en la época del COVID-19 y en la crisis económica posterior; es turno del Estado luchar contra aquello de que “las crisis pueden dañar pero es la austeridad lo que mata”.

Cada cacerolada en Núñez de Balboa es un dedo señalando que la salud entiende de clases y que ellos llevan muchos siglos aprovechándose de la del resto.